A escasos días de la jornada electoral del 2 de junio, The New York Times y The Washington Post publicaron sendos reportajes sobre el crecimiento del crimen organizado en México, con datos que fueron un argumento para algunos, un insulto para otros y una preocupación para la mayoría.
La coincidencia entre los dos medios de comunicación norteamericanos fue que el crimen organizado tiene como objetivo adueñarse de los gobiernos de las pequeñas localidades para realizar sus actividades delictivas con libertad, lo que se refleja en el alto número de asesinatos de aspirantes a alcaldes o puestos municipales.
The New York Times señaló que, desde junio de 2023, al menos 36 candidatos a un cargo de elección popular y 14 familiares han sido asesinados, de los cuales, 28 podrían tener participación del crimen organizado según las autoridades locales. Subrayó que el aumento de la violencia electoral puede atribuirse a la magnitud de los comicios y el gran número de candidatos.
Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, declaró al medio estadunidense que los candidatos locales son más vulnerables para ser atacados por el crimen organizado porque no cuentan con recursos importantes, lo que los vuelve un blanco fácil para acceder al control de información y dinero del gobierno.
A su vez, The Washington Post publicó un reportaje sobre la inmersión de los cárteles de la droga en el negocio de las tortillas en México. Señaló que, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, al menos 15 por ciento de las tortillerías, cerca de 20 mil, son extorsionadas.
En 2023, 30 tortillerías en el estado de Morelos se vieron obligadas a cerrar sus puertas debido a la extorsión y en Cuernavaca el cobro del derecho de piso a estos negocios es de 900 dólares (14 mil 994 pesos).
De igual manera, el Post refiere también que, en Guerrero, los cárteles obligan a los agricultores a venderles maíz, cuya compra es forzada para las tortillerías y que, incluso, las pandillas inspeccionan los inventarios de las tiendas para asegurarse de que no compren en otros lugares. En su análisis, el medio refiere que las elecciones se han vuelto cada vez más violentas a medida que grupos criminales intentan hacerse con el control de gobiernos locales.
Enfocándose en la violencia electoral, el reportaje habla de 34 aspirantes a un cargo de elección popular asesinados en la campaña y coincide con que las organizaciones criminales se han concentrado en el control de las localidades pequeñas, provocando la ola de violencia que viven actualmente.
Señaló que la consultora Lantia Consultores había identificado al menos 87 grupos armados regionales además de los 2 cárteles de presencia nacional, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La respuesta del gobierno federal a estos hechos fue poniendo al servicio de los candidatos a elementos de la Guardia Nacional, ejército y fuerzas de seguridad federales e informó que 487 candidatos contaron con servicios de protección, lo que en lugar de dar seguridad a los aspirantes y a la sociedad en general, fue motivo de mayor preocupación.
A pocos días de la elección, el mayor obstáculo para que la gente emita su sufragio no es decidir quién hizo las mejores propuestas para gobernar, sino quién realmente tendrá la determinación de erradicar el flagelo del asesinato, el secuestro y la extorsión, puesto que quienes aspiran a gobernar, fueron las principales víctimas de los grupos criminales.
