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Editorial| Reforma PJF: ¿justicia y democracia, o de dinero?

¿Qué hicieron para defenderse de las duras agresiones del titular del Poder Ejecutivo, desde que se le negó al ministro Arturo Zaldívar la posibilidad de ampliar su periodo por dos años más?

Este jueves, que iniciaría la jornada de Diálogos Nacionales por la Reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador atizó al fuego para exacerbar el odio y rechazo social hacia las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los ingresos.

Desde la mañanera, pidió información sobre los ministros en retiro, cuántos son y a cuánto asciende su pensión vitalicia.

Que comience con su ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se retiró de ministra en 2018 con una pensión de 229 mil pesos mensuales.

Pero además, su hija, su hermana y seis sobrinos y sobrinas trabajan en el Poder Judicial; quien menos gana son 40 mil pesos mensuales. Paula García Villegas Sánchez Cordero es magistrada en el Consejo de la Judicatura Federal y percibe un salario de más de 212 mil pesos.

Que le siga con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que renunció al cargo 12 meses antes de que terminara su periodo constitucional de 15 años y su pensión se tasó en 192 mil 461 pesos al mes.

Pero la insistencia de Andrés Manuel sobre lo que cobran las y los ministros, lleva a pensar que la reforma judicial es más una venganza, represalia, por negarse los integrantes de este Poder Constitucional a cobrar menos que el Presidente de la República, que un acto de democracia y justicia popular.

Esta semana, ante la inminente reforma judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular a partir del 2025, hasta ahora, empleados sindicalizados y juzgadores salen de sus edificios para expresar sus preocupaciones en torno a los cambios que se les viene encima. Por su parte, las y los ministros participaron en los Diálogos Nacionales, donde se habló por cinco minutos y nadie escuchó.

Anteayer, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, mandó un mensaje en redes sociales para los trabajadores del Poder Judicial, en donde advirtió que, ante esta reforma del presidente López Obrador, dialoga con todas las instancias para defender sus derechos laborales.

«Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes», declaró.

No se puede negar, el Poder Judicial se enconchó en su clasismo laboral.

Mejor defendió la “marea Rosa” a la Corte y a su presidenta Norma Piña, que sus propios integrantes.

¿Qué hicieron para defenderse de las duras agresiones del titular del Poder Ejecutivo, desde que se le negó al ministro Arturo Zaldívar la posibilidad de ampliar su periodo por dos años más?

Nada más esperar que el esfuerzo de la oposición, representada por Xóchitl Gálvez y la Coalición Fuerza y Corazón por México, rindiera frutos. Pues no se pudo.

Ahora que se atengan a las consecuencias de su inercia histórica de no quererse ensuciar las manos ni los pies en la lucha política “fuera” del Poder Judicial.

Aunque ya sea demasiado tarde.

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